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REFERÉNDUM
POPULAR
ADJUDICATARIOS VIVIENDAS
VISOCAN
ORGANIZADO POR
LA COORDINADORA POPULAR DE LA
VIVIENDA
La crisis económica está golpeando de
forma muy dura a los sectores populares en los que la precariedad y el paro
están afectando a familias enteras.
Ajenos a esta situación que viven las y los trabajadores de las urbanizaciones
sociales, la empresa pública VISOCAN ha iniciado procedimientos de desahucio
contra las y los que no pueden hacer frente al pago de los recibos de alquiler.
Hasta ahora, cuando después de la actualización de la situación económica de los
adjudicatarios, VISOCAN enviaba seis o más mensualidades juntas a una familia
que volvía a estar en paro (las actualizaciones de VISOCAN tardan lo mismo que
un contrato temporal, a veces más), los vecinos tenían que acudir a la
solidaridad de varios familiares para reunir el dinero de la deuda acumulada.
Situación injusta y que generaba mucha angustia a muchas familias trabajadoras.
Para el casero VISOCAN, que aplica criterios legales y no sociales, era un
método de presión usurera que funcionaba.
Ahora, con la crisis, los adjudicatarios no pueden acudir a los familiares que
los ayudaban porque el paro agresivo que está viviendo Canarias también afecta a
estos trabajadores con empleo más estable o mejor pagado. La situación ya no es
sólo angustiosa, es de TOTAL DESESPERACIÓN.
Por todo ello, los adjudicatarios de las viviendas de Las Palmas de Gran Canaria
votarán en un referéndum popular, para decidir si están a favor de:
La actual situación de cobro de alquileres.
Nuevas medidas de ayuda mientras dure la crisis
Están ayudas serían:
1. Suspensión de todos los desahucios por impago de recibos. Que se condonen
(anulen) las deudas.
2. Subvención del 100% de los alquileres a todas las familias adjudicatarias de
las viviendas sociales de VISOCAN mientras dure la crisis. Por períodos de un
año, renovables.
3. Decreto para el acceso a la propiedad, restando las cantidades pagadas en
alquiler durante todos estos 10 años, de acuerdo con la propuesta, en su día, de
la Consejería de la Vivienda. El precio sería el que se fijó en la Cédula de
Calificación Definitiva del expediente de las promociones.
Estas medidas permitirían a las familias trabajadoras que viven en las
urbanizaciones sociales afrontar la crisis que les afecta de forma aún más dura
que al resto de la sociedad.
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