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REFERÉNDUM POPULAR

ADJUDICATARIOS VIVIENDAS VISOCAN


ORGANIZADO POR

LA COORDINADORA POPULAR DE LA VIVIENDA


La crisis económica está golpeando de forma muy dura a los sectores populares en los que la precariedad y el paro están afectando a familias enteras.

Ajenos a esta situación que viven las y los trabajadores de las urbanizaciones sociales, la empresa pública VISOCAN ha iniciado procedimientos de desahucio contra las y los que no pueden hacer frente al pago de los recibos de alquiler.

Hasta ahora, cuando después de la actualización de la situación económica de los adjudicatarios, VISOCAN enviaba seis o más mensualidades juntas a una familia que volvía a estar en paro (las actualizaciones de VISOCAN tardan lo mismo que un contrato temporal, a veces más), los vecinos tenían que acudir a la solidaridad de varios familiares para reunir el dinero de la deuda acumulada. Situación injusta y que generaba mucha angustia a muchas familias trabajadoras. Para el casero VISOCAN, que aplica criterios legales y no sociales, era un método de presión usurera que funcionaba.

Ahora, con la crisis, los adjudicatarios no pueden acudir a los familiares que los ayudaban porque el paro agresivo que está viviendo Canarias también afecta a estos trabajadores con empleo más estable o mejor pagado. La situación ya no es sólo angustiosa, es de TOTAL DESESPERACIÓN.

Por todo ello, los adjudicatarios de las viviendas de Las Palmas de Gran Canaria votarán en un referéndum popular, para decidir si están a favor de:

 La actual situación de cobro de alquileres.
 Nuevas medidas de ayuda mientras dure la crisis

Están ayudas serían:

1. Suspensión de todos los desahucios por impago de recibos. Que se condonen (anulen) las deudas.

2. Subvención del 100% de los alquileres a todas las familias adjudicatarias de las viviendas sociales de VISOCAN mientras dure la crisis. Por períodos de un año, renovables.

3. Decreto para el acceso a la propiedad, restando las cantidades pagadas en alquiler durante todos estos 10 años, de acuerdo con la propuesta, en su día, de la Consejería de la Vivienda. El precio sería el que se fijó en la Cédula de Calificación Definitiva del expediente de las promociones.

Estas medidas permitirían a las familias trabajadoras que viven en las urbanizaciones sociales afrontar la crisis que les afecta de forma aún más dura que al resto de la sociedad.

 

     
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